Sociedad

La cara y la cruz de las pulseras para maltratadores

En España solo se ha implantado una cuarta parte de los dispositivos telemáticos disponibles. Los jueces deben conciliar la protección de las víctimas con los derechos del agresor.

Olivia Carballar

29 junio 2012 Una lectura de 3 minutos

SEVILLA // Jaime, con problemas mentales y obsesión enfermiza por Estela -nombres ficticios-, agredió de tal forma a su mujer que la primera vez que ella lo denunció fue enviado directamente a prisión. Cargaba con una larga lista de antecedentes y era conocido en ambientes delictivos con acceso a armas. La Policía tardó tiempo en encontrarlo.Y cuando por fin estaba en la cárcel, Estela retiró la denuncia. Los hechos por los que se podía mantener una acusación no permitían tenerlo más tiempo en prisión. Su defensa pidió la libertad y la Fiscalía no pudo oponerse, pero sí solicitó una orden de alejamiento y la implantación de una pulsera, el dispositivo telemático que controla al supuesto agresor y avisa a la víctima de que se está acercando. Una vez se dejó en casa casi todo un día el GPS que acompaña al brazalete. Y su ‘olvido’, unido a que fue localizado cerca de la nueva residencia de Estela y la amenazó por teléfono, le costó nuevamente la cárcel. ¿Habría atacado o incluso asesinado a su mujer si el juzgado solo hubiera dictado una orden de alejamiento?

“Es muy complicado. Tenemos que fundamentar nuestras decisiones en el resultado de las diligencias de investigación que se realizan, como son las declaraciones de víctima, imputado, testigos, partes de lesiones y al mismo tiempo velar por el respeto y observancia de los derechos de los imputados. Tienes que estudiar el testimonio de la víctima detalladamente para determinar si es suficientemente fiable, si el parte de lesiones se corresponde con los datos que ofrece. Tienes que valorar también si el imputado tiene problemas de adicciones, trastornos mentales… Y tener en cuenta, además, la valoración del riesgo policial”, explica la jueza de Violencia sobre la Mujer 3 de Sevilla, María del Rosario Sánchez.“Si vas uniendo esos factores, puede que solo una orden de protección no sea suficiente”, añade. Y eso es lo que sucedió en el caso particular de Jaime y Estela. Cada historia, sin embargo, es un mundo.

Su juzgado tiene activados seis brazaletes de los 3.000 puestos a disposición desde 2009. En toda España, hasta febrero, solo había implantados 787, el 26,2% del total, según la Secretaría de Estado de Igualdad. Algunos sectores, incluidos muchos políticos, han lanzado duras críticas a los jueces por no aplicar más una medida que resulta eficaz. “La implantación exige que se valoren los casos particularmente y la necesidad de acordar dicha implantación no sucede en todos los casos denunciados», insiste la magistrada.

Control exhaustivo
A su despacho acaba de llegar un informe por fax avisando de las incidencias. Lo envía el centro encargado de controlar a los agresores. “Entrada en zona de exclusión móvil”, dice el documento. El hombre ha estado dentro del perímetro de seguridad dos minutos. Luego ha salido. Y ha vuelto a entrar dos minutos más. «Nos mandan absolutamente todas las incidencias, aunque las entradas duren un segundo», asegura la jueza, que respira tranquila ante la información que tiene delante. “Es un acercamiento accidental o involuntario”, afirma. El presunto agresor no se puede acercar al domicilio en un radio de 500 metros, pero la víctima también se mueve por la ciudad y puede ocurrir que el agresor casualmente esté cerca. «De todas formas, el dispositivo mide la distancia en línea recta, con lo que la víctima no ha tenido confrontación visual con él», asegura.

La mujer no se ha sentido en peligro. Según el informe, no ha activado el botón del pánico, que es el que puede pulsar en situaciones de riesgo. “En la mayoría de los casos, la mujer siempre se siente más segura con este dispositivo y nunca ha habido ningún intento de atacar a la víctima”, continúa la magistrada. No obstante, en las primeras 48 horas el hombre suele hacer intentos para comprobar si el aparato funciona correctamente.

El dispositivo, que cuesta unos 3.000 euros, también tiene inconvenientes. Funciona con una distancia mínima de 500 metros. Generalmente, ambos viven muy cerca y no en todos los casos el supuesto agresor tiene medios económicos, familiares, etc., para poder cambiar su residencia. En otros casos, ha sido la víctima la que se ha acercado conscientemente al hombre. Es lo que hizo alguna vez Estela. Jaime, de nuevo en libertad, lleva la pulsera a la espera de juicio.

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La cara y la cruz de las pulseras para maltratadores

En España solo se ha implantado una cuarta parte de los dispositivos telemáticos disponibles. Los jueces deben conciliar la protección de las víctimas con los derechos del agresor.

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